Bufete de abogados en Tamurejo

El divorcio implica el término del vínculo matrimonial a través de una declaración judicial, es decir, por una sentencia obtenida despues de la tramitación de un proceso legal en el que obligatoriamente deben intervenir abogado y procurador. Solamente una resolución de esta clase es capaz de producir el divorcio, incluso a pesar de que éstos estén de acuerdo en solicitarlo. A pesar de ser razón de término del matrimonio legalmente se exigen determinadas salvaguardias que afectarán a los coóyuges aun después de divorciados. Por un lado se exige el cumplimiento de los deberes de los padres frente a los hijos sin importar la relación que puedan o no tener con ellos. Por otro se exige la situación económica similar a la obtenida en el matrimonio por el cónyuge más desfavorecido económicamente. Además será fundamental la defensa de sus intereses en el término del régimen económico y la separación de bienes a los que pueda dar lugar.

Desde nuestro bufete además prestamos especial atención en el proceso de divorcio a la regulación de las relaciones de padres e hijos considerando los detalles de la Ley de Custodia Compartida.

El abogado penalista está especializado en la acusación o defensa en lo penal. De la experiencia del bufete de abogados que llevará el caso dependerán los resultados del mismo. Es por esto que le recomendamos asesorarse con el mejor abogado para ayudarlo en su caso.

El abogado especialista en derecho penal puede asesorarlo a defender sus derechos ante delitos de diferentes tipos: lesiones, homicidios, violencia de género, estafas, robos, hurtos, crimenes contra la libertad sexual (violaciones, acoso, provocaciones, agresiones), contra el honor, etc. Ante alguna de estas situaciones, requiere contar a partir del principio con la asistencia de un bufete de abogados que tenga peritos en derecho penal.
La única obligación que asume el cliente es el pago total de los honorarios de abogado y procurador en el momento de la entrega del convenio regulador al procurador para su presentación en el juzgado.

El pago se hará de forma presencial al procurador. Una vez obtenida la sentencia, una copia testimoniada (equivalente al original) se enviará por correo a cada cónyuge o bien podrá recogerse personalmente en la oficina del procurador.

En un procedimiento de mutuo acuerdo no hay gastos asociados el tramite. No obstante, en caso de que llegara a haberlos, serían minutados en concepto de suplidos. Esto no abarca gastos de despacho que son, en todo caso, gratuitos, sino exclusivamente probables desplazamientos del abogado o asistencia de asociados. Los costos son generales y abarcan las tarifas de abogado, los derechos del procurador y los impuestos aplicables en cada uno de los casos. Si alguna de las partes, ya firmada la propuesta de acuerdo regulador no corroborara en el mismo a presencia judicial, lo hará bajo su exclusiva responsabilidad y por tanto ni el profesional actuante ni el procurador están forzados a devolver cantidad alguna si como resultado de esta falta de ratificación se procede a archivar el proceso.

En caso de que luego de escribir el primer o sucesivos borradores de acuerdo regulador, la persona quisiera desistir del proceso, por alguna causa no imputable a nosotros, tendrá que pagar 120 euros en favor de los servicios prestados hasta el minuto.

La sentencia se obtiene entre uno y dos meses luego de la presentación de la demanda, sin que esta página ni el profesional tengan la posibilidad de hacerse responsables de la demora de la sentencia.

Nuestros servicios

• Abuso Sexual.
• Apropiación indebida.
• Derechos del imputado.
• El juez de Garantía.
• Eliminación de antecedentes penales.
• Estupro.
• Funciones de los Fiscales del Ministerio Público.
• Indulto Presidencial.
• Libertad Vigilada.
• Manejo en estado de ebriedad.
• Omisión de Antecedentes Penales.
• Pena remitida.
• Procedimiento monitorio.
• Reclusión Nocturna.
• Reforma procesal penal.
• Robo.
• Violación.

Litigamos en todo el territorio nacional, con trayectoria tanto en la Audiencia Provincial, como también en el Tribunal superior de justicia, Tribunal Supremo y Constitucional.