Bufete de abogados en Magacela

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La principal consecuencia del divorcio es el fin del vínculo matrimonial. El vínculo matrimonial ha existido a partir de su celebración hasta que la sentencia de divorcio es entregada, momento en el que el lazo entre los cónyuges está terminado y, en consecuencia, queda cambiado el estado civil de los antiguos cónyuges, que ahora son personas divorciadas y que, por tanto, pueden volver a contraer matrimonio cuando lo deseen.

Después del divorcio se disuelve el régimen económico del vínculo matrimonial. La sentencia del divorcio sólo afectará a terceras partes de buena fe (que han podido o podrían contratar ), a partir del momento de la inscripción del divorcio en el Registro Civil, puesto que a partir de ese instante puede ser conocida por cualquiera. (Por ejemplo: uno de los cónyuges contrata profesionales con el fin de realizar obras en la casa o departamento cuando ya hay sentencia de divorcio pero aún no se ha inscrito en el Registro Civil. El empresario puede actuar tal como si estuviesen casados, responderán del importe ambos cónyuges). Sin embargo, el efecto solo para los cónyuges es inmediato a partir que se dicte la sentencia. Encontramos algunos otros efectos derivados de esta ruptura del vínculo matrimonial, tales como la pérdida de los derechos sucesorios.

Somos conscientes de que en las materias que manejamos no sólo se trata de asuntos económicos, sino que además están en riesgo bienes y derechos sumamente importantes como lo son la libertad de las personas o el posicionamiento de una empresa en el medio, no olvidando que el proceso penal lleva aparejado con frecuencia un considerable coste reputacional para aquel que lo sufre, un enorme mal para las víctimas del crimen y la inseguridad que crea la dilatación durante años de los procesos.

Por esto dispensamos a cada cliente el trato personalizado que requieren, prestando más atención a los tiempos y necesidades de todo cliente.
Nuestro equipo también posee una red de colaboradores externos, entre los que se encuentran académicos y peritos de reconocido prestigio, para aquellos supuestos en los que es necesario contar con el respaldo técnico de expertos de otras especialidades.
El único deber que tiene el cliente es el pago completo de las tarifas de abogado y procurador a la hora de la entrega del convenio regulador al procurador para su presentación en el juzgado.

El pago se hará en persona al procurador (en efectivo o talón). Una vez obtenida la sentencia, una copia testimoniada (semejante al original) se entregará a cada cónyuge o bien podrá recogerse directamente en el despacho del procurador.

En un proceso de acuerdo mutuo no hay gastos relacionados a la tramitación. No obstante, si se produjeran, serían minutados como suplidos. Ello no abarca cobros de despacho que son, en todo caso, gratuitos, sino exclusivamente posibles desplazamientos del abogado o asistencia de colaboradores. Las tarifas son globales y abarcan los costos de abogado, los derechos del procurador y los impuestos con relación a cada caso. Si alguna de las partes, una vez firmada la propuesta de acuerdo regulador no se ratificara en este a presencia judicial, lo hará bajo su responsabilidad y por ende ni el abogado actuante ni el procurador se encuentran obligados a devolver dinero si a consecuencia de esta falta de ratificación se procede a archivar el caso.

En caso de que luego de redactar el primer o sucesivos borradores de acuerdo regulador, la persona quisiera desistir del proceso, por cualquiera causa no imputable a nosotros, tendrá que pagar 120 euros en favor de los servicios otorgados hasta ese minuto.

Los datos que nos facilite el cliente han de ser confidenciales y estarán resguardados por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, pudiendo el cliente ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación y cancelación. Necesita saber que su información no será traspasada bajo ninguna circunstancia a terceros y está resguardada por el secreto profesional.