Bufete de abogados en Santa Cruz de Moncayo

Desde hace mucho tiempo ofrecemos servicios profesionales en el campo del derecho público y privado, ayudando a las entidades financieras y particulares en la defensa de sus intereses y en la planificación de sus operaciones. Nuestro equipo tiene un profundo conocimiento de la administración de justicia y las administraciones públicas de todo tipo. Esta gran trayectoria nos pone en óptima posición en el área del derecho y nos permite brindar unos servicios de gran calidad y alto valor agregado. Es ese objetivo el que nos ha impulsado a tener representación a lo largo de todo el estado, de manera que mediante nuestra red de oficinas atendemos las necesidades de los clientes sin importar la ubicación geográfica ni las materias jurídicas.

Bufete de abogados en Santa Cruz de Moncayo Servicios de Abogados

El abogado penalista es el que está especializado en la acusación o defensa en lo penal. De la práctica del equipo de abogados que intervendrá en el caso dependerán los resultados del mismo. Por eso le recomendamos consultar con el más destacado abogado para ayudarle en su caso.

El abogado especialista en derecho penal podrá asesorarlo a defender sus derechos frente a delitos de diferentes tipos: lesiones, homicidios, violencia de género, fraudes, robos, hurtos, delitos contra la libertad sexual (violaciones, acoso, provocaciones, exhibicionismo, agresiones), contra el honor, etc. Frente a cualquiera de estas situaciones, Usted necesita contar a partir del principio con la asesoría de un bufete de abogados que tenga expertos en derecho penal.
Los abogados penalistas pueden ser de oficio o particulares. Con los primeros, a la persona se le delegará un abogado sin costo en caso de que no tenga la posibilidad de solventar los cobros de un equipo de abogados. Si la persona puede costear los gastos, puede contratar al abogado de su confianza.
El único deber que asume el cliente es el pago completo de las tarifas de abogado y procurador al entregar el acuerdo regulador al procurador para su exposición en el juzgado.

El pago se hará en persona al procurador (en efectivo o talón). Ya obtenida la sentencia, una copia testimoniada (equivalente al original) se enviará por correo a cada cónyuge o bien podrá retirarse personalmente en el despacho del procurador.

En un procedimiento de mutuo acuerdo no hay cobros asociados el proceso. Sin embargo, en caso de que llegara a haberlos, serían minutados como suplidos. Ello no incluye costos de despacho que son, en cualquier caso, gratuitos, sino solamente probables desplazamientos del letrado o asesoría de asociados. Los costos son generales e incluyen las tarifas de abogado, los derechos del procurador y los impuestos aplicables en cada uno de los casos. Si alguno de los cónyuges, ya firmado el acuerdo regulador no se ratificara en el mismo a presencia judicial, lo hará bajo su responsabilidad y por ende ni el abogado actuante ni el procurador están forzados a devolver dinero si como resultado de esta falta de ratificación se procede a archivar el caso.

En caso de que tras redactar el primer o sucesivos borradores de convenio regulador, el cliente quisiera desistir del procedimiento, por cualquiera causa no imputable a nosotros, deberá abonar 100 euros en favor de los servicios prestados hasta ese minuto.

La sentencia se consigue entre 1 y 2 meses después de la presentación de la demanda, sin que este portal ni el profesional puedan hacerse responsables del tiempo que tome el recibimiento de la sentencia.

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Servicios

Con la premisa básica de protegerlo de manera eficaz y seria, tomando la apropiada acción para resguardar sus derechos e intereses y su efectiva resolución y representación en:

  • Defensa en juicios con jurado.
  • Asistencia en declaración.
  • Delitos y faltas.
  • Trafico de sustancias nocivas.
  • Delitos relativos a las drogas toxicas(estupefacientes) y sustancias psicotrópicas.
  • Fraudes alimentarios.
  • Delitos contra las personas: homicidio, parricidio e infanticidio, lesiones
  • Delitos contra el honor.
  • Delitos contra el orden público: atentado contra la autoridad; tenencia, tráfico y depósito de armas.

Este despacho está acogido a la ley de protección de datos personales.


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