Bufete de abogados en Nerja

El divorcio supone el término del vínculo matrimonial mediante una declaración judicial, es decir, por una sentencia firme obtenida despues de la tramitación de un proceso judicial en el que siempre deben interactuar abogado y procurador. Solamente una resolución de este tipo puede producir el divorcio, incluso aunque éstos se encuentren de acuerdo en solicitarlo. A pesar de ser razón de término del vínculo matrimonial legalmente se imponen determinadas salvaguardias que afectarán a los coóyuges después de terminado el matrimonio. Por una parte se asegura el cumplimiento de las obligaciones de los progenitores frente a los hijos con independencia de la relación que puedan o no tener con ellos. Por otro se exige la situación económica similar a la disfrutada en el matrimonio por el cónyuge más desfavorecido económicamente. Además será primordial la defensa de sus intereses en el término del régimen económico matrimonial y la separación de bienes.

En nuestro equipo además prestamos especial énfasis en el trámite de divorcio a la regulación de las visitas de padres e hijos teniendo en consideración las particularidades de la Ley de Custodia Compartida.

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sabemos que en las materias que manejamos no solamente se trata de materias meramente económicas, sino que se encuentran en riesgo bienes y derechos tan intangibles y al mismo tiempo sumamente considerables como son la libertad de las personas o el posicionamiento de una empresa en el mercado, no olvidando que el procedimiento penal lleva aparejado muchas veces un importante coste reputacional para quien lo sufre, un enorme padecimiento para los afectados por el delito y la inseguridad que produce la dilación durante años de los procedimientos.

Por ello dispensamos a nuestros clientes el trato individual que necesitan, prestando especial atención a los tiempos y requerimientos de todo cliente.
Nuestra firma también dispone de una red de colaboradores, entre los que destacan académicos y peritos de destacado prestigio, para los casos en los que es preciso contar con el respaldo técnico de expertos de diferentes disciplinas.
El único deber que asume el cliente es el pago completo de los honorarios de abogado y procurador en el minuto de la entrega del convenio regulador al procurador para su exposición en el juzgado.

El pago se realizará en persona al procurador (en efectivo o talón). Ya obtenida la sentencia, una copia testimoniada (semejante al original) se enviará a cada cónyuge o bien puede retirarse personalmente en la oficina del procurador.

En un proceso de acuerdo bilateral no hay costos relacionados el proceso. Sin embargo, si se produjeran, serían minutados en concepto de suplidos. Esto no incluye gastos de despacho que son, en todo caso, gratuitos, sino exclusivamente probables desplazamientos del profesional o asistencia de colaboradores. Los honorarios son generales e incluyen las tarifas de abogado, los derechos del procurador y los impuestos aplicables en cada uno de los casos. Si alguno de los cónyuges, ya firmada la propuesta de convenio regulador no se ratificara en el mismo a presencia judicial, lo hará bajo su responsabilidad y por lo tanto ni el letrado actuante ni el procurador están forzados a devolver dinero si a consecuencia de esta falta de ratificación se deriva a archivar el caso.

En caso de que tras redactar el primer o sucesivos borradores de acuerdo regulador, el cliente decidiera desistir del procedimiento, por alguna causa no imputable a nosotros, tendrá que abonar 100 euros por los servicios otorgados hasta el momento.

La sentencia se consigue entre uno y dos meses posteriores a la presentación de la demanda, sin que esta página ni el profesional puedan hacerse cargo del tiempo que tome el recibimiento de la sentencia.

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Nuestros servicios

  • Robo.
  • Usurpación.
  • Estafas.
  • Falsificación de instrumento público y privado.
  • Juicios simplificados.
  • Querellas.
  • Reforma Procesal Penal.
  • Lesiones.

Litigamos a lo largo del país, con conocimientos tanto en la Audiencia Provincial, como también en el Tribunal superior de justicia, Tribunal Supremo y Constitucional.


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