Bufete de abogados en Adrada de Piron

El divorcio supone el término del vínculo matrimonial a través de una declaración judicial, es decir, por una sentencia obtenida despues de la tramitación de un proceso judicial en el que obligatoriamente deben interactuar abogado y procurador. Sólo una resolución de este tipo es capaz de producir el divorcio, incluso a pesar de que éstos se encuentren de acuerdo en solicitarlo. A pesar de ser causa de término del matrimonio legalmente se requieren algúnas salvaguardias que afectarán a los coóyuges después de divorciados. Por una parte se exige el cumplimiento de los deberes de los progenitores frente a los hijos con independencia de la relación que puedan o no tener. Por otro se asegura la situación económica similar a la disfrutada en el matrimonio por el cónyuge más desfavorecido económicamente. Adicionalmente será fundamental la defensa de sus intereses en la disolución del régimen económico matrimonial y la atribución de bienes a los que pueda dar lugar.

En nuestro equipo además damos especial atención en el trámite de divorcio a la regulación de las visitas de padres e hijos teniendo en consideración las particularidades de la Ley de Custodia Compartida.

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sabemos que en los asuntos que manejamos no sólo se trata de materias meramente económicas, sino que están en riesgo bienes y derechos considerablemente considerables como lo son la libertad de las personas o el posicionamiento de una empresa en el medio, no olvidando que el proceso penal significa a menudo un significativo costo reputacional para aquel que lo sufre, un enorme mal para los afectados por el delito y la incertidumbre que crea la dilación a lo largo de años de los procedimientos.

Por ello otorgamos a cada cliente el trato individual que necesitan, dando especial atención a los tiempos y necesidades de cada cliente.
El único deber que asume el cliente es el pago completo de las tarifas de abogado y procurador al entregar el convenio regulador al procurador para su presentación en el juzgado.

El pago se hará de forma presencial al procurador (en efectivo o talón). Una vez obtenida la sentencia, una copia testimoniada (semejante al original) se enviará a cada cónyuge o bien podrá recogerse directamente en el despacho del procurador.

En un proceso de acuerdo mutuo no hay gastos asociados el tramite. No obstante, en caso de que llegara a haberlos, serían minutados como suplidos. Ello no abarca cobros de despacho que son gratuitos, sino exclusivamente probables desplazamientos del letrado o asesoría de colaboradores. Las tarifas son globales e incluyen las tarifas de abogado, los derechos del procurador y los impuestos con relación a cada caso. Si alguna de las partes, ya firmada la propuesta de convenio regulador no se ratificara en el mismo a presencia judicial, lo hará bajo su exclusiva responsabilidad y por tanto ni el profesional actuante ni el procurador se encuentran obligados a devolver suma alguna si a consecuencia de dicha falta de ratificación se deriva a archivar el proceso.

En caso de que luego de escribir el primer o sucesivos borradores de convenio regulador, la persona decidiera desistir del proceso, por alguna causa no imputable a nosotros, deberá abonar 100 euros por los servicios otorgados hasta el minuto.

La sentencia se obtiene entre 1 y 2 meses posteriores a la exposición de la demanda, sin que este portal ni el profesional tengan la posibilidad de hacerse responsables del tiempo que tome el recibimiento de la sentencia.

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Servicios

  • Alcoholemia.
  • Conducción sin carnet de conducir.
  • Exceso de velocidad.
  • Reclamación de indemnizaciones.
  • Delitos contra la libertad.
  • Coacciones.
  • Acoso.
  • Abuso sexual.
  • Abandono de familia.
  • Violencia de género.
  • Encubrimiento.
  • Simulación de delitos.
  • Quebrantamiento de condena.
  • Todo tipo de crímenes en general, defensa y acusación.
  • Juicios rápidos.
  • Asistencia al detenido ante la policía.
  • Manejo en estado de ebriedad.
  • Robo.
  • Procedimiento abreviado.

Litigamos en todo el país, con trayectoria tanto en la Audiencia Provincial, como en el Tribunal superior de justicia, Tribunal Supremo y Constitucional.


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